Iglesia y política

“La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia” (nº 899).

“La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto” (nº 1901).

“La autoridad no saca de sí misma su autoridad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral, que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. ‘La legislación humana sólo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón; lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley; sería más bien una forma de violencia’ (S. Tomás de Aquino, S. Th. 1-2, 93, 3 ad 2)” (nº 1902).

“La autoridad sólo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios moralmente líticos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa” (nº 1903).

“Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del ‘Estado de derecho’ en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres” (nº 1904).

“El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior, en los justos límites, en materia religiosa por parte del poder político. Este derecho natural debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de manera que constituya un derecho civil” (nº 2108).

“El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Y a administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de las familias y de los desheredados. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana” (nº 2237).

“El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. ‘Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’ (Mt 22, 21). ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres’ (Hch 5, 29)” (nº 2242).

“La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos” (nº 2245).

“Pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral incluso sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones” (nº 2246).

El último texto citado (nº 2246 del Catecismo) es clave para entender la conciencia que tiene la Iglesia de su derecho y de su deber de opinar en cuestiones que, directa o indirectamente, tienen una dimensión política. La Iglesia se ve a sí misma –porque así la instituyó Cristo- como la luz del mundo. Por eso, cuando detecta oscuridades graves que afectan a los hombres –y no sólo a los hombres católicos-, se siente empujada por el Espíritu Santo a intervenir públicamente para denunciar esas situaciones y, si es posible, para anunciar la forma de remediarlas. Los ejemplos son muchísimos: el aborto, la eutanasia, la manipulación de embriones humanos, la pena de muerte, el divorcio, la equiparación de matrimonios gays con las familias, el uso de la violencia, el uso de la tortura, la dictadura política, la injusticia social, el terrorismo y un larguísimo etc.

Pero ¿por qué hace eso la Iglesia? ¿Se sale de su misión al hacerlo? ¿Debería dejar de hacerlo?

Ante todo hay que fijarse en su fundador, Jesucristo. Él, que vino a dar un mensaje espiritual, también se metió en política. Lo hizo cuando puso la ley del descanso sabático al servicio del hombre. Lo hizo cuando defendió los derechos de la mujer. Lo hizo cuando aceptó entrar en casa del centurión romano –que era el representante militar del pueblo opresor de los judíos- o cuando aceptó como apóstol a un colaboracionista de los romanos como era San Mateo. Lo hizo cuando expulsó a los mercaderes del Templo. Lo hizo cuando obligó a San Pedro a enfundar su espada y le prohibió que usara la violencia. De hecho, a nadie le cabe duda de que entre los motivos que condujeron a Cristo a la Cruz estaban los ataques que había reiterado contra los políticos judíos de su tiempo –a los sacerdotes y a los fariseos les llamó una y otra vez ‘raza de víboras’ y ‘sepulcros blanqueados’-; Pilato, el representante político del dominador romano, intentó salvarle quizá porque le convenía que el pueblo judío estuviera dividido, pero al final ordenó su muerte porque el precio político a pagar era demasiado caro –la amenaza de que sería denunciado a Roma por no oponerse con firmeza a un supuesto pretendiente al trono judío-. De hecho, el letrero que estaba sobre la cabeza de Cristo en la Cruz explicaba en clave política el motivo de su muerte: “Aquí está el Rey de los judíos”.

Cristo, por lo tanto, se metió en política. Ahora bien, lo hizo –como lo hace la Iglesia hoy- para defender los derechos de dios y los derechos humanos. Lo hizo sin utilizar la violencia –incluso en la expulsión de los mercaderes del Templo, el Señor no golpea a los hombres ni a los animales sino que se limita a derribar las mesas y esparcir el dinero por el suelo-. Llegó incluso a condenar el uso de la violencia explícitamente, en un momento tan delicado para él como el de su apresamiento en el huerto de los olivos.

La Iglesia católica, por su parte, ha sido siempre fiel a la enseñanza de su fundador en este punto. Porque se metió en política fue perseguida por los emperadores romanos –lo hacía cuando se negaba a adorar a los emperadores, que era una forma de fortalecer el poder político. Se metió en política cuando se atrevió a criticar públicamente a los emperadores cristianos –como hizo San Ambrosio con Teodosio, al que obligó a hacer penitencia pública por haber ordenado la muerte de 7000 inocentes en la ciudad griega de Tesalónica-. Se metió en política durante la larguísima y decisiva “lucha de las investiduras”, en la que defendió sus derechos a nombrar a los obispos, oponiéndose a los distintos reyes que querían nombrarlos ellos. Se metió en política cuando exigió a los Reyes Católicos que fueran respetados los derechos de los indígenas americanos o cuando defendió los derechos de los esclavos negros (San Pedro Claver). Se metió en política cuando se opuso a Hitler lo mismo que cuando se opuso a Stalin. Se metió en política cuando se opuso a la invasión de Irak, alegando que provocaría males mayores.

Es verdad que no siempre la actuación de la jerarquía de la Iglesia –sobre todo en ámbitos locales- ha sido la ideal en este punto. A veces ha cometido errores, como reconoció Juan Pablo II al pedir perdón en los albores del tercer milenio. Pero, en su conjunto, la Iglesia, desde sus inicios, ha intervenido para defender su libertad ante la pretensión de los políticos de querer dominarla y amordazarla. Y para defender los derechos de los débiles, de los inocentes, de aquellos que con frecuencia no han encontrado otra voz más que la de la Iglesia que hablara por ellos.

Por eso hay que concluir que la Iglesia está siendo fiel a su misión cuando proclama la verdad moral, aunque al hacerlo tenga una dimensión política, disguste a los políticos o sea acusada de salirse de su ámbito de actuación. La moral forma parte de la enseñanza evangélica tanto como el dogma o la liturgia. Afirmar que la Iglesia no puede pronunciarse sobre temas éticos porque si lo hace se mete en política es ignorar lo que hizo y enseñó Jesucristo y lo que la Iglesia ha hecho desde sus orígenes. Además, los que acusan de eso a la Iglesia suelen estar interesados en silenciarla porque se ven descubiertos en su corrupción por la luz que emana de la Palabra de Dios y la Iglesia proclama. Para colmo de cinismo, los acusadores de la Iglesia no dudan en utilizarla cuando les conviene; un ejemplo es lo sucedido en España en los últimos años: en los meses previos a las elecciones generales de 2004, Juan Pablo II se opuso abiertamente a la guerra de Irak y los obispos españoles se solidarizaron con el Papa, aunque eso perjudicaba al Partido Popular –en ese momento en el poder y que daba un apoyo más moral que efectivo a la contienda-; el PP, sin embargo, no criticó a los obispos y al Papa por desautorizar públicamente su actuación, y eso que la crítica de la jerarquía afectaba a muchos de sus votantes; más aún, los socialistas y los comunistas llevaban al Parlamento los argumentos del Papa e incluso le citaban textualmente, para erosionar al Gobierno del PP; cuatro años después, ante las elecciones del 2008, los obispos españoles publicaron una nota orientando a los fieles católicos de cara a las elecciones, en la que pedían que se votara pensando en defender la familia, la vida, el derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos y que se rechazara la negociación política con los terroristas; la reacción del PSOE fue virulenta y muy agresiva, con insultos de grueso calibre; los mismos que habían usado las palabras del Papa y de los obispos cuatro años antes y no se habían quejado de que la Iglesia “se metiera en política”, pretendieron amordazarla y reducirla al silencio cuando lo que la Iglesia decía no les convenía.

La acusación, por lo tanto, de que la Iglesia hace política no se sostiene, al menos habitualmente. Cuando defiende los valores contenidos en el Evangelio o los derechos humanos, la Iglesia no hace otra cosa más que cumplir con su misión. Habría que preguntarse más bien si no están siendo los Gobiernos los que legislan en contra de esos derechos humanos, violando los límites que nunca deberían traspasar, y entrando en la intimidad de las conciencias de los ciudadanos. Por otro lado, al menos en una sociedad democrática, todas las personas y todas las instituciones tienen derecho a expresar libremente sus opiniones. ¿No serán precisamente los más antidemocráticos, los más tiranos y dictadores, aquellos que niegan a la Iglesia el derecho a hablar y que quieren reducirla al silencio?